Asimismo, manifestó el temor de un posible acoso del gobierno estatal y federal, debido a que varios de sus integrantes son sobrevivientes de la masacre de El Charco.
En la comunidad na savi La Concordia –a 30 kilómetros de la cabecera municipal hacia la montaña– el promotor en la zona de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera, reveló que en la organización hay “compañeros de El Charco y por eso el gobernador (Ángel Aguirre Rivero) no está muy de acuerdo con el proyecto” de los policías indígenas armados.
El promotor, que antes fue coordinador de la organización a la que pertenecían los indígenas asesinados por el Ejército en El Charco el 7 de junio de 1998, denunció que el mandatario estatal ha utilizado a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), dirigida por Bruno Plácido Valerio, para dividir a los participantes en la CRAC que “no se han alineado al gobierno”. Por eso el temor de que intente reprimir a los policías comunitarios de Ayutla.
Durante la asamblea con la participación de más de 300 indígenas na savi y que inició al mediodía de ayer, el dirigente evidenció que en la región de Ayutla, el gobierno del estado infiltró a Ernesto Gallardo, uno de los dirigentes de la UPOEG y “que se autonombró comandante” para que contrarrestara a la Policía Comunitaria y trabajara “a favor de las autoridades locales y estatales”.
En la misma asamblea se destituyó del sistema de justicia a las comunidades de Mesón Zapote, Ahuacachahue y Coxcatlán Candelaria, encabezadas por Ernesto Gallardo; pero su posible expulsión definitiva se debe dar oficialmente en una asamblea general de la CRAC.
Por su parte Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC, acusó a Gallardo de crear un grupo adversario a los policías comunitarios y reclamó a la UPOEG mezclar sus intereses personales con la defensa de la justicia de las zonas indígenas.
“El gobernador ofreció vehículos, radios, botas, uniformes, etcétera y es el día que no nos ha entregado nada y en cambio a los otros (en referencia a la UPOEG) sí les da dinero, carros, preferencias y a las organizaciones que no se echa en la bolsa las amenaza con que los va reprimir”, expresó el asesor.
La asamblea de la nueva Policía Comunitaria,
que duró ocho horas, había sido convocada en la comunidad de Tonalá, pero fue cambiada a La Concordia, donde los nuevos comunitarios uniformados de pantalón negro y verde se dieron cita.
En la misma reunión fueron ratificados como coordinadores los indígenas Margarito Ramírez Micaela, Epifanio Hilario Benancio, Carlos Morales Chávez, Bernardino García Francisco, Ernesto Morales Castro y Rey Pastrana Peralta. También fueron ratificados  los comandantes Jaime Morales y Salvador Chino.
También por mayoría se votó que la nueva Casa de Justicia se instalará en la comunidad de El Paraíso y no en Ahuacachahue como estaba planeado, por el conflicto que hay con integrantes cercanos a la dirigencia de la UPEOG.
El también asesor jurídico de la CRAC, Pablo Guzmán, se dirigió a los nuevos policías comunitarios para que luchen por la defensa de los territorios ante el acoso del crimen organizado.
“Defender a su pueblo si ellos (los narcotraficantes y la delincuencia organizada) se meten con nosotros y si eso pasa entonces nos meteremos con ellos”, advirtió.
Luego de la expulsión de cuatro comunidades la Policía Comunitaria de Ayutla se quedó con 23, 21 indígenas na savi y dos mestizas.
Los  hombres armados con escopetas y armas cortas se encargarán de la vigilancia de las comunidades que constantemente han sido acosadas por los militares y por el crimen organizado.
La madrugada del 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco, fueron asesinados por tropas del Ejército 10 indígenas y un estudiante de la UNAM. Los reportes oficiales señalaron que en la escuela del pueblo se llevaba una reunión de un grupo guerrillero que después se sabría que se llamaba Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Datos de la revista Proceso revelaron que Jesús Ornelas Rebolledo, actual jefe de seguridad del gobernador Ángel Aguirre Rivero, participó en la matanza de El Charco como encargado de la operación militar cuando el actual mandatario era interino y suplió al priista Rubén Figueroa Figueroa.
En el año de la masacre de El Charco, 1998, los indígenas na savi de Ayutla se encontraban agrupados en la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, que después por acuerdo por fines prácticos, se dividió para separar a la parte me’phaa (tlapanecos), ya como Organización Independiente de Pueblos Mixtecos el coordinador fue Arturo Campos Herrera, que más tarde se separó y ocuparon la dirección Raúl Lucas Lucía como presidente y Manuel Ponce Rosas como secretario, que fueron secuestrados y una semana después ejecutados el 20 de febrero de 2009.http://suracapulco.mx/archivos/58178