GLORIA LETICIA DÍAZ


Detenciones arbitrarias en avenida Reforma.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- A dos días de los violentos disturbios en esta ciudad en el contexto de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, comienzan a aflorar denuncias por detenciones ilegales y abusos policiacos durante los operativos efectuados en San Lázaro y el Centro Histórico.

De manera paralela, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de la Ciudad de México emitió un primer reporte de daños por los actos vandálicos y calculó las pérdidas en al menos 28 millones de pesos.

Por separado, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, advirtió que la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) “tendrá que hacer una investigación muy seria, muy profunda y tener claro qué motivó a estas personas” a actuar como lo hicieron el pasado sábado 1, particularmente en el primer cuadro de la ciudad, donde destruyeron parte del mobiliario urbano, saquearon negocios, rompieron vidrios de bancos y hoteles y pintarrajearon monumentos históricos, como el recién remozado Hemiciclo a Juárez que engalana la Alameda Central.

Ebrard desestimó versiones divulgadas por medios de comunicación, presuntamente extraídas de las averiguaciones, en las que se aseguraba que el GDF estaba enterado de que habría desmanes el sábado pasado.

Este lunes, en efecto, el diario Reforma publicó testimonios de integrantes de un grupo anarquista en los que confiesan que les pagaron 300 pesos por hacer disturbios y reventar la toma de posesión de Peña Nieto.

Al menos ocho integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria México detenidos el sábado narraron a policías de investigación de la Procuraduría capitalina que fueron citados a las 7:00 horas en la estación del Metro San Lázaro, aunque se negaron a decir quiénes los contrataron.

Los radicales precisaron a los agentes que el objetivo era destruir lo que hallaran a su paso.

Y así lo hicieron: luego de partir de la estación del Metro hacia el recinto legislativo, prendieron fuego a la primera patrulla que hallaron, un vehículo de la PGJDF marcado con el número 3087, tras lo cual continuaron rompiendo vidrios y lanzando bombas molotov.

A menos de 48 horas de que deje el cargo como jefe de Gobierno, Ebrard informó que la víspera de este domingo el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, se reunió con empresarios afectados por los actos vandálicos para explicarles que las áreas afectadas en la Alameda Central, recién remodelada, ya han sido reparadas.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos del Distrito Federal (Canaco-Servytur), Ricardo Navarro Benítez, informó que el monto por los destrozos a los establecimientos se cuantificó en 28 millones de pesos.

Agregó que por la violencia en el primer cuadro, los comerciantes dejaron de vender 950 millones de pesos, en tanto que en el área de San Lázaro el monto se estimó en 149 millones de pesos.

Sobre las quejas por abusos policiales, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia, consideró que, a la luz de los testimonios recabados por los visitadores del organismo, el gobierno capitalino demostró “una vez más” que no está preparado para enfrentar situaciones como la ocurrida el sábado, pese a que “se sabía de la posibilidad de que hubiera disturbios, sobre todo en los alrededores de San Lázaro”. A su juicio, “nuevamente hubo titubeos”.

El ombdusman capitalino indicó que en estos momentos el personal a su cargo se encuentra procesando la información recabada por los visitadores, la mayor parte de ellos desplegados en las agencias del Ministerio Público en espera de que se deslinden responsabilidades entre las poco más 50 de personas que hasta este lunes aún permanecían detenidas.

“La Comisión condena todos los hechos violentos que se suscitaron, y pensamos también que la respuesta que toda autoridad debe tener es no caer en la venganza. Es importante que se dé un mensaje de justicia, de no impunidad, pero que no resulten inocentes incriminados”, afirmó González Plascencia tras señalar que el organismo está en espera de que los hospitalizados por las lesiones sean dados de alta para recabar quejas concretas.

Ana Lilia Cancino, una de las detenidas liberadas en el curso del día, denunció que fue objeto de abusos por parte de la Policía capitalina.

La joven fue detenida en Eje Central y relató que el día de los hechos caminaba por la acera cuando observó que dos de sus amigos eran llevados por granaderos a un camión en calidad de detenidos.

“Estaban subiendo a la gente (a los camiones de granaderos) cuando yo me acerqué, un policía me dijo: ‘¿qué ves, puta ¿quieres meterte?’ Y yo vi a mi novio y vi a mi amiga, y (el policía) me agarró del cabello”, recordó Cancino.

Durante la detención, aseguró la joven, sufrió vejaciones por parte de elementos de seguridad, aunque dijo que al llegar a la Agencia 50 siempre fueron respetados y tratados de manera amable.

“Me empezaron a pegar entre muchos, mientras me pegaban en medio de la calle me tocaron los senos y me agarraron la parte genital, enfrente de todos, había mucha gente, la gente sólo te tomaba fotos, nadie hacía nada”, relató después de reunirse con sus familiares.

Sobre los acontecimientos violentos tanto en el Distrito Federal como en Guadalajara, decenas de organizaciones civiles, 71 de ellas integradas a la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), se declararon “en alerta” por que no se criminalice la protesta social; y anunciaron que están documentando las denuncias por abusos policiacos.

En un comunicado informaron que están documentando los casos de Francisco Kuryk Kendall, Uriel Sandoval y Carlos Valdivia, quienes resultaron gravemente heridos en los actos de protesta de San Lázaro.

Destacaron que “existen otros casos de heridos graves, detenciones arbitrarias, así como de abusos contra manifestantes especialmente en la Ciudad de México y Guadalajara”, que están siendo documentados, y consideraron grave que el Gobierno capitalino haya determinado “fincarles (a los detenidos) cargos graves por el delito de ataques a la paz pública en pandilla, el cual puede alcanzar una pena de cinco hasta 30 años en prisión”.

Tras reconocer que de entre los manifestantes hubo quienes realizaron actos que pueden constituir delitos, recordaron que el procesamiento de los presuntos responsables debe ser tratado con apego a los derechos humanos “evitando valoraciones descontextualizadas que tiendan a criminalizar el derecho a la protesta social”.

Las organizaciones sociales resaltaron que también se registró un “uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales” y que pudieron constatar “múltiples abusos en las detenciones de las y los manifestantes”, además de que varias personas resultaron “heridas por el arsenal de las fuerzas policiacas en los diferentes enfrentamientos para disolver y dispersar las manifestaciones”.

En el caso de los hechos ocurridos en Guadalajara, las organizaciones denunciaron 24 detenciones, así como 40 manifestantes que resultaron heridos, “incluso, algunos jóvenes fueron detenidos horas después de dispersada la manifestación”, y se detectó “la presencia de presuntos agentes encubiertos y elementos de seguridad privada de la Feria Internacional del Libro, quienes lanzaron piedras y botellas a los manifestantes con la finalidad de provocarlos”.

En el comunicado las organizaciones sociales demandaron a las autoridades de las ciudades de México y de Guadalajara garantizar el debido proceso de los detenidos, “evitando acciones que puedan atentar contra sus derechos, presentando a todas y todos públicamente, permitiendo el contacto con sus familiares y defensores para que puedan constatar el estado en el que se encuentran”, así como esclarecer “quiénes son los autores materiales e intelectuales de los hechos”.