“Inicialmente, cuando el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) convocaron a una visita de observación en el 2008, denunciando que Javier Torres había desaparecido, escapado y regresado a La Morena, acudimos”, relató.
En entrevista, recordó “nos vinculamos en 2009 con la problemática de la región, dimos seguimiento, actividades de apoyo, no a la familia Torres en particular, sino a los habitantes de la zona que recorrimos y nuestro trabajo se extendió a (las comunidades) Las Palancas, Las Ollas…”.
Dijo que el conflicto central es la intención de grupos delincuenciales de hacerse del territorio para explotar los recursos naturales de la zona “pero se extendió al control de la gente y penetró en sus vidas, por la falta de intervención del Estado”.
Consideró que el clima de violencia en la sierra de Petatlán se debe a que no hay interés de las autoridades federales y estatales en sacar del lugar a talamontes y narcotraficantes, “el Estado no interviene para detener a los grupos, entonces tomaron control de la vida de la gente”.
Dijo que desde hace dos años no acude a ver a la familia Torres, pero “seguimos manteniendo vínculo con las comunidades y consideramos que no tenemos la capacidad de resolver la problemática, por eso insistimos en que es el Estado, para restituir los derechos a las comunidades”.
Ante la pregunta, se deslindó de la familia Torres, que según se publicó ayer en estas páginas trabajan como sicarios del grupo delincuencial de Los Granados, que dirige Salvador Granados, El Chavita, y que opera en San Luis la Loma del municipio de Tecpan.
La denuncia es de representantes de comunidades de la sierra, mediante un enviado que pidió se omitiera su nombre, que preguntan por qué Javier Monroy defiende a los Torres que –dicen– son sicarios.
El presidente de Tadeco dijo que la organización se retiró de la región “desde hace dos años, no estamos defendiendo a nadie. Los Torres y las demás familias y en términos generales quienes tuvieron participación importante con campesinos ecologistas han sido afectados y confrontados por la delincuencia organizada”.
“La delincuencia hace acciones que distan de la lucha de los ecologistas, incluso se apropian de las banderas de ese movimiento, la muerte de Javier Torres fue violenta y grave y ha habido muchas más como esa”, mencionó, pero no precisó quién o quiénes usan la bandera de ecologistas sin serlo.
Dijo que las violaciones a los derechos humanos han llegado a límites terribles, está el caso de (la dirigente de los desplazados de La Laguna) Juventina (Villa Mojica) acribillada en presencia y con la protección de la Policía del Estado. Si el Estado no se define por erradicar el negocio de la droga y la madera, el problema va a seguir”.
Advirtió que “la violencia está en límites muy álgidos, en cualquier momento se puede dar otra masacre y el Estado dirá que son problemas de la delincuencia, están los casos de los campesinos ecologistas Eva (Alarcón) y Marcial (Bautista) y una larga lista de familias enteras que están siendo sacrificadas”.
Recordó que a la familia Torres les fueron retiradas las medidas cautelares, “lo vemos mal porque la decisión que tomó la Procuraduría del Estado dejó que se maneje la ley de la selva en la región. Los torres dicen que son hostigados y agredidos y obviamente hay una reacción, esa guerra de declaraciones nos preocupa porque de uno y otro lado se señalan cosas graves y las autoridades siguen al margen y sin la presencia de la Policía del Estado se deja fuera la posibilidad de actuar, se está cocinando una masacre”.http://suracapulco.mx/archivos/58335