1D: ¿Y los responsables?
¿Y los que abusaron?
Por: Redacción / Sinembargo - diciembre 27 de 2012 - 0:00
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Si con el cambio al Artículo 362 del
Código Penal local, que reduce las penas por el delito de “ataque a la paz
pública”, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) abrió la puerta
para la liberación de los 14 detenidos que quedan por los disturbios del pasado
1 de diciembre, aún quedan cabos sueltos.
Con la resolución del cuerpo
legislativo de la Ciudad de México los 14 detenidos y consignados por el 1D
pueden obtener su libertad bajo fianza. Sin embargo, como dicho artículo no fue
derogado –tal y como proponían activistas y organizaciones en pro de los
derechos humanos–, la libertad de los 14 jóvenes “aún está en riesgo”, debido a
la vaguedad y la ambigüedad de los cambios decretados por los legisladores
capitalinos.
Para esos luchadores sociales y movimientos como #YoSoy132
permanece la desconfianza a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal,
encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa, debido a que han demostrado un
“autoritarismo que violenta los derechos humanos y criminaliza la juventud”.
También el abogado y activista Jesús Robles Maloof insistió en que el problema
no se resuelve con desgravar la pena y modificar el texto, como hizo ayer la
ALDF: “No se soluciona porque la vaguedad, permanece y esa indeterminación la
que hace que en cualquier momento alguna autoridad pueda aplicarla contra
nosotros, contra cualquiera”.
Robles Maloof afirmó lo anterior debido que, a la
letra, el Artículo 362, ya “reformado”, dice:
Se les impondrán de dos a siete
años de prisión y suspensión de los derechos políticos hasta por diez años a
los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio o por
inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes
públicos o privados, o servicios públicos, que perturben la paz pública.
La
reincidencia se estará a lo que establezca este código.
Esto es: la ambigüedad
persiste, porque no se tiene una definición legal de paz pública y los
diputados de la ALDF no tienen idea de lo que se trata.
Ahora, dicen los
defensores de los derechos humanos, no sólo es prioritario alcanzar la libertad
de los 14 presos del 1D, sino persistir en la lucha por derogar una artículo
que representa una involución de cuatro décadas, y que contradice claramente
los objetivos de un gobierno capitalino que se ha llamado a sí mismo
“progresista” y respetuoso del Estado de Derecho.
Además, en este turbulento
caso faltan muchas preguntas por responder de parte de la autoridad, cuya
fiscalía nunca pudo armar un caso transparente.
Si los 14 jóvenes, entre ellos
una chica estudiante de enfermería, que fueron encarcelados en el Reclusorio
Norte y el Penal de Santa Martha son inocentes entonces, ¿el gobierno que preside
Mancera Espinosa realizará una completa reparación del daño?
También la
sociedad y quienes fueron dañados en sus bienes inmuebles merecen respuestas
concretas sobre, ¿dónde están los verdaderos responsables? ¿Por qué la policía
capitalina no hizo labor de inteligencia y persiguió a quienes, ante la vista
de cientos de testigos y cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública
provocaron los destrozos en el Centro Histórico de la Ciudad de México?
Por
otro lado, están las denuncias presentadas por la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF) donde, luego de investigaciones, concluyeron que
no sólo hubo abuso de autoridad por parte del cuerpo policiaco capitalino, sino
también actos de tortura contra los manifestantes y no manifestantes detenidos.
En tres de ellos, los policías usaron aparatos que infligen choques eléctricos
y otro más fue sometido a “tormentos físicos graves”. A uno de ellos, denunció
la CDHDF, “lo golpearon en el rostro (ojos) y le imponen choques eléctricos en
una de las piernas. Igualmente fue golpeado en la cadera y tobillos”.
“Otro de
ellos (de 26 años) fue amagado con el arma, lo golpearon en los genitales y le
dieron choques eléctricos en una de sus piernas. Antes de ponerlo a disposición
del Ministerio Público, la patrulla se detuvo, lo desnudaron, le tomaron fotos
desnudo y lo golpearon en las costillas. (Nos refiere que los choques
eléctricos fue como con una especie de macana)”.
Un caso más es el de un joven
de 20 años, quien al ser detenido fue golpeado y antes de subirlo a una
patrulla le aplicaron choques eléctricos a la altura del hombro y en el pecho…
Y otro más, el de un hombre de 34 años, quien el 1D fue detenido en las
inmediaciones del Monumento a la Revolución: “Ahí lo ingresaron a un
estacionamiento público en donde lo golpearon, lo tiraron al piso hasta quedar
noqueado. Un policía le hizo tocamientos de carácter sexual, lo escupieron y
jalándolo de los cabellos lo subieron a la unidad vehicular”.
Entonces, luego
de estas pruebas que sí están debidamente documentadas, ¿por qué la autoridad
no ha presentado a los policías infractores?
La ALDF resolvió bajar la pena
para el delito de “ataque a la paz pública” y lo bueno es que 14 jóvenes que
han demostrado su inocencia podrían quedar pronto en libertad. Sin embargo, no
se resuelve el tema de fondo y la decisión deja un tufo a uso político que, por
supuesto, no complace a la mayoría de los ciudadanos.
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