El gobierno entrante lanza mandobles a la cabeza del sindicato de los maestros –coloca en la SEP a un personaje, Emilio Chuayffet, en cuyo historial destaca un triunfo sobre Elba Esther Gordillo, al tiempo que a ella la margina de la planeación de la reforma del sector–, y por otro lado le regala a la líder sindical los amarres necesarios para que siga beneficiándose con las prebendas gremiales y de su partido, sin que ninguna investigación judicial ensombrezca su horizonte.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Días antes de su toma de posesión Enrique Peña Nieto se reunió con Elba Esther Gordillo. Hablaron del Pacto por México y de la propuesta de reforma educativa. Sin embargo, la profesora no fue convocada para la elaboración de la iniciativa.

Desde el regreso del PRI a Los Pinos la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aparentemente no las ha tenido todas consigo. El poder que alcanzó durante los gobiernos panistas –entre otras cosas colocó allegados suyos en las direcciones generales de la Lotería Nacional y del ISSSTE, en la Subsecretaría de Educación Básica y en la Secretaría Técnica de Seguridad Pública– se ve desdibujado.

Además el gobierno peñista le puso como cuña en la Secretaría de Educación Pública a Emilio Chuayffet Chemor, con quien Gordillo tuvo serias desavenencias hasta que fue desconocida como coordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados en 2004.

Mientras la maestra guarda silencio –no asistió a la presentación de la propuesta de reforma educativa y no ha emitido declaración personal alguna–, Chuayffet manifestó que esperaba no tener problemas con ella. En entrevistas diversas, ha expresado su respeto por ella: ambos somos profesionales, dice.

Ahora Gordillo está limitada por la iniciativa de reforma educativa, que restringe sus poderes para el manejo de las plazas de los maestros de educación básica y media de todo el país. Aparentemente aceptó, a cambio de mantener el control del SNTE –lo que le significa disponer de 170 millones de pesos mensuales–, seguir recibiendo las prebendas del Partido Nueva Alianza (Panal) y no ser investigada por la tenencia de más de 70 propiedades a su nombre y al de miembros de su familia, como consta en documentos oficiales de los que Proceso tiene copia.

Según versiones de dirigentes magisteriales y legisladores, Gordillo fue excluida de tomar parte en la elaboración de la iniciativa de ley en materia educativa que reforma los artículos 3 y 73 de la Constitución, proyecto en el cual participaron varios especialistas opuestos al liderazgo vitalicio de la política chiapaneca.

Pero ella sí se mantuvo enterada de la reforma educativa y la aceptó. A cambio de ello, señalan algunos disidentes del sindicato magisterial, hace unos días el magistrado Álvaro Castro Estrada –nombrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje apenas una semana antes del fin del gobierno de Felipe Calderón– le otorgó la toma de nota de los cambios al estatuto del SNTE realizados en octubre en su Congreso Nacional.

Con esta toma de nota Gordillo es reconocida legalmente como presidenta del Consejo General del SNTE para cualquier negociación con el gobierno federal y de los estados como la única representante del millón 700 mil trabajadores de la educación que integran el sindicato magisterial.

Ese tribunal tiene pendientes de resolver 150 mil demandas interpuestas por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en los cinco últimos años contra la Alianza por la Calidad de la Educación y la aplicación de la evaluación universal.

Pago de facturas

Para el profesor Artemio Ortiz Hurtado, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE, es más que claro que se trata de un pago de facturas a Gordillo por su trabajo en las elecciones pasadas y por aceptar la reforma educativa. “Le dijeron que podía seguir al frente del sindicato siempre y cuando sometiera o mediatizara a la disidencia”, advierte en entrevista.

El profesor michoacano, exlíder de la sección XVIII del SNTE en Michoacán, fue quien advirtió, antes de las elecciones del 1 de julio, sobre el Operativo Ágora, mediante el cual Gordillo movilizó a 27 mil promotores magisteriales para conseguir cinco millones de votos a favor de Peña Nieto.

Ortiz considera falso que haya una pelea entre Peña Nieto y Gordillo, porque dice que mientras la maestra le sirva al gobierno mediatizando al sindicato y atacando a la disidencia, será una garantía política.

–Da la impresión de que se pactó desde antes la reforma educativa entre Peña y Elba Esther…

–Por lo menos hay un acuerdo por debajo del agua. Un primer acuerdo fue que Elba Esther apoyara a Peña Nieto en el proceso de fraude de la elección de julio. Otro acuerdo fue que le darían nuevamente la gracia para este sexenio al otorgarle la toma de nota y el reconocimiento como presidenta del Consejo General del SNTE.

“El compromiso es que ella cumpla con los ordenamientos del nuevo gobierno federal de hacer constitucional la Alianza por la Calidad de la Educación con toda la agresión al sistema educativo nacional, al derecho laboral de los trabajadores de la educación sustentado en la Constitución.

(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1885, ya en circulación)