En un pequeño despacho que se encuentra dentro de la plaza comercial que rodea los juzgados del Poder Judicial de Nicaragua, la abogada Johanna Auxiliadora Fonseca González, charla por primera vez con un medio de comunicación, pese a los intentos de otros abogados que participan en el mismo caso para que no lo hiciera.



Uno de los 18 de mexicanos detenidos y procesados en Nicaragua por el transporte ilícito de 9.2 millones de dólares en camionetas con logotipos de Televisa, Juan Luis Torres Torres, sostiene ante sus abogados defensores que sí es trabajador de Televisa y con dicha afirmación pretende demostrar su inocencia ante las autoridades judiciales de ese país centroamericano.

En un pequeño despacho que se encuentra dentro de la plaza comercial que rodea los juzgados del Poder Judicial de Nicaragua, la abogada Johanna Auxiliadora Fonseca González, charla por primera vez con un medio de comunicación, pese a los intentos de otros abogados que participan en el mismo caso para que no lo hiciera.

Johanna Fonseca es la representante legal de Juan Luis Torres Torres, tamaulipeco avecindado en la capital de Guanajuato, de Guillermo Villagómez Hernández, originario de esa misma entidad con domicilio actual en el Distrito Federal y de Valentín Delgado Guillén, nacido en Tamaulipas pero con residencia en Salamanca, Guanajuato.

Durante las tres veces que ha podido hablar con Torres Torres, este ha insistido en que fue contratado por personal de Televisa para cumplir las funciones de chófer en la caravana que fue detenida el pasado 20 de agosto en el cruce fronterizo de Nicaragua y Honduras conocido como “Las Manos”.

Los argumentos del tamaulipeco para acreditar su calidad de trabajador de la televisora son tres: que al momento en que fue contratado como chófer le entregaron credenciales y uniformes de la empresa, que los integrantes de la caravana sí han realizado filmaciones en escenarios naturales de la región y que parte de ese material ya fue transmitido por un canal de televisión.

“Juan Luis Torres Torres dice que le extraña muchísimo que se diga en los medios de comunicación que ellos no son trabajadores de Televisa, porque él me dijo que si es un conductor (chofer) de Televisa, que él fue contratado por personal de Televisa, que incluso los gafetes que él usaba son originales”, sentenció.

La abogada Johanna Fonseca reconoce que su cliente no ha podido proporcionarle más detalles sobre el presunto empleado de Televisa que lo contrató, debido a que sólo ha platicado con Juan Luis Torres en tres ocasiones, la última de ellas el pasado 18 de septiembre cuando tuvo lugar una audiencia en el Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal con sede en Managua, Nicaragua.

“A él se le dice vamos a ir a tal país, a tal lugar, vamos a filmar, me dijo el que habían ido en varias ocasiones a Panamá, a Costa Rica y a otro país del sur, que habían estado filmando cuestiones ambientales, que a él no le ha parecido nada extraño, porque si se han hecho pues (las grabaciones).

Incluso, me dijo que algunos de los reportajes han salido en ciertos medios, no sé si en España o en otro país del mundo”, afirmó.

Fonseca González agrega que sus clientes prácticamente se encuentran incomunicados en un centro de reclusión preventiva conocido popularmente como “El Chipote”, por lo que sólo recibe noticias de ellos a través de otros reos que son trasladados de esa prisión considerada de “auxilio judicial”, equivalente en México a los separos y un centro de arraigos, al sistema penitenciario propiamente dicho.

Así, las necesidades y estado de salud de los 18 mexicanos recluidos en Managua les llegan por papelitos y recados de otros reos que sí reciben permiso para recibir a sus abogados defensores.

Cuestionada sobre un posible engaño a Juan Luis Torres Torres, es decir, que Raquel Alatorre Correa u otro de los involucrados en la Caravana le hayan mentido al chófer tamaulipeco para que participara en el trasiego de droga y dinero que señala acusación penal, la litigante insiste en que su representado fue recibido en un estacionamiento en la Ciudad de México junto con otros integrantes de la Caravana, para comenzar a trabajar, presuntamente, para Televisa.

Durante una de las tres audiencias que se han celebrado en este caso, el chófer mexicano le dijo a su abogada que la persona que le entregó acreditaciones, uniformes y viáticos era ajena a la Caravana y que no todos los detenidos se conocen entre sí, ya que comenzaron a relacionarse hasta que empezaron sus recorridos por Centroamérica.

Ex integrante del Poder Judicial en Nicaragua, Johanna Fonseca adelanta que antes del inicio del juicio oral que está programado para arrancar el próximo 3 de diciembre a las nueve de la mañana, va a solicitar al juez de la causa, Julio César Arias, la realización de una audiencia preparatoria para eliminar las pruebas ilícitas que ha presentado el Ministerio Público de su país.

Advierte que una de las pruebas que ella considera fuera de la legalidad es la comunicación NIC02513 emitida por el embajador de México en Nicaragua, Rodrigo Labardini, el pasado 23 de agosto del 2012 en la cual se señala que ninguno de los 18 mexicanos detenidos en este país centroamericano es empleado de la empresa que encabeza Emilio Azcárraga Jean.

“Hay ciertas pruebas que definitivamente son ilícitas, no puede ser probado con ellas lo que se pretende probar, uno de ellos es el documento que fue presentado por el Cónsul de la Embajada de México en Nicaragua, quien con una constancia que él emitió quiere dejar por sentado que ninguno de las 18 personas que están detenidas en este caso, son trabajadores de Televisa y que tampoco los móviles le pertenecen a Televisa”, apuntó.

A decir de la litigante que reconoce problemas de los familiares para cumplir con el pago de honorarios, el diplomático mexicano no tiene ninguna calidad legal para hablar de los antecedentes laborales de sus clientes, ya que no es vocero ni accionista de Televisa.

En este sentido, es necesario recordar que la Fiscalía General de Nicaragua apenas va a realizar los requerimientos oficiales sobre los antecedentes laborales de los implicados en esta operación de tráfico de drogas y dinero en efectivo, por lo que las propias autoridades nicaragüenses no tienen certeza sobre la identidad de los mexicanos.

Dijo que en esta audiencia preparatoria, va a pedir la comparecencia del embajador Labardini, mismo que tiene menos de dos meses en el cargo y que a decir de autoridades nicaragüenses consultadas por Noticias MVS, está inquieto por tener que enfrentar este caso.

“Él no es vocero de Televisa, hasta donde yo sé no ha acreditado ni que es socio ni que es accionista de Televisa para que él tenga la potestad si son o no trabajadores de primas a primeras, verdad”, insistió.

Por otra parte, acusa que la embajada de México en este país ha dejado en el abandono a todos los integrantes de la Caravana que comandaba Raquel Alatorre Correa, incumpliendo con la obligación de los diplomáticos mexicanos de brindar asistencia consular a los connacionales que son detenidos en el extranjero, sin importar el delito que hayan cometido ni la satanización que pueda existir alrededor de los mismos.

Consciente de que es catalogada como “defensora de narcotraficantes” por las autoridades de su país, Johanna Fonseca responde que mientras la Constitución de Nicaragua no prohíba el derecho a la defensa de las personas que son acusadas de dicho ilícito, ella seguirá ejerciendo su labor a favor de quién la contrate. Y es que su lema para este tipo de señalamientos es “El que nada debe, nada teme”.

A propósito de sus otros dos defendidos, Guillermo Villagómez Hernández y Valentín Delgado Guillén reconoce que estos no han querido hablar del tema y que son muchísimo más reservados sobre su participación en este incidente que los medios locales conocen como la Caravana Televisa.