El priísta Fausto Vallejo enfrenta con el uso de la fuerza pública el quinto conflicto estudiantil que se ha gestado en Michoacán durante los primeros ocho meses de su gobierno. Los estudiantes que protestan en contra de la reforma curricular a la educación normal fueron desalojados de las instalaciones educativas en un operativo en el que participaron policías federales, estatales y municipales. Sufrieron golpes, tortura y tratos humillantes. La administración del estado dijo que buscó “rescatar” los vehículos comerciales y de pasajeros que los alumnos habían retenido. De lo que no habló fue de la petición de diálogo que los estudiantes le formularon desde hace meses

La madrugada del pasado 15 de octubre, alrededor 1 mil 500 policías federales, estatales, municipales e integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de Michoacán irrumpieron en las instalaciones de tres de las ocho normales públicas del estado: el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, la Escuela Normal Indígena de Michoacán y la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío.

El objetivo de los operativos, según la versión oficial, fue “recuperar” los 96 vehículos de pasajeros y comerciales que los estudiantes normalistas habían retenido y llevado al interior de las instalaciones educativas como medida de presión para el diálogo, que desde meses atrás solicitaban a las autoridades.

Los alumnos, agrupados en la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, demandan posponer por un año la reforma curricular a la educación normal 2011 y el plan de estudios 2012 de las escuelas normales, ambos basados en el enfoque de competencias. Éstos contemplan, entre otras medidas, incorporar en los planes de estudio materias como inglés y recurrir al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Los estudiantes buscaban que el gobierno estatal discutiera una propuesta alternativa construida por alumnos y profesores que respondiera de manera adecuada a las necesidades de la entidad.

En un comunicado con fecha de septiembre de 2012, los inconformes manifiestan su rechazo a “los planes de estudios basados en competencias, con enfoques competitivos y productivistas”, pues con su aplicación “se pretende formar técnicos superiores de educación básica, contrario al proceso de crecimiento y desarrollo que llevamos en la entidad; además de que significa un retroceso hacia la formación inicial de educadores populares con perfil pedagógico, sicológico, epistemológico, ético, filosófico y político que necesita la niñez michoacana”. Refieren, asimismo, que “durante la reconstrucción del nuevo plan de estudios 2012 no se tomaron en cuenta las características particulares del estado de Michoacán, dejando desprotegidas principalmente a las normales con perfil intercultural bilingüe, atentando contra la identidad normalista”.

Estudiantes señalan, en entrevista con Contralínea, que las reformas impuestas por las autoridades no buscan la excelencia académica, sino socavar la educación pública, laica, gratuita, crítica y humanista. Agregan que han solicitado diálogo con las autoridades y no han tenido respuesta. Han propuesto un plan curricular alternativo, pero la autoridad se niega siquiera a recibirlos.

Aunque las autoridades estatales sostienen que los policías que participaron en el operativo iban desarmados, los normalistas aseguran que dos de sus compañeros presentan heridas de bala: uno en el brazo y otro en la pierna. Félix Pérez Lovato, secretario de Asuntos Jurídicos de la sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), respalda la versión de los estudiantes.

A decir del sindicalista, la organización que representa cuenta con evidencias de que los uniformados que participaron en el operativo utilizaron fusiles de asalto AR-15, las armas de más grueso calibre que pueden emplear las fuerzas policiacas.

Cuestionado al respecto, José María Cázarez Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, dice que desconoce el caso de los estudiantes heridos con arma de fuego; no obstante, exhorta a las personas que tienen pruebas de ello a que acudan al organismo protector de derechos humanos.

—¿La instancia a su cargo tiene la certeza de que los elementos que participaron en el operativo policiaco estaban desarmados? –se le pregunta.

—No. La certeza no. Tenemos el conocimiento de que no iban armados.

A petición de Jesús Reyna García, secretario de Gobierno en la entidad, integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (Visitaduría Regional de Uruapan, Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas y Vistaduría Regional de Morelia) acompañaron, en carácter de observadores, la incursión policiaca a las escuelas.

Los médicos de este organismo certificaron, incluso, el estado de salud de cada uno de los estudiantes detenidos, en total 176, y giraron instrucciones para hospitalizar a las personas que así lo requerían, asegura el ombudsman local. Y es que algunos jóvenes presentaban lesiones, descalabros o quemaduras de segundo grado.

En relación con las violaciones a derechos humanos en las que pudieron incurrir los elementos policiacos que participaron en el operativo, Cázarez Solórzano manifiesta que en este momento, en el que la investigación se encuentra en etapa de integración, no puede aún decir si los derechos fundamentales de los jóvenes se violentaron o no.

No obstante, justifica que “lo que observamos fue una resistencia de parte de los jóvenes a entregar las instalaciones. La policía tuvo que hacer uso de la fuerza proporcional; tuvieron que abrir un boquete por la parte de atrás de la normal porque era imposible entrar por delante y esto provocó lógicamente hechos que todo mundo lamentamos. Pero nosotros dentro de esta situación tan difícil vemos que no hubo mayor aplicación de la fuerza pública. Sí hubo lesionados como consecuencia del choque al resistir los estudiantes la entrega de las instalaciones o la entrega, en este caso, de los vehículos que ellos tenían detenidos ahí en la normal”.

A través de las redes sociales circulan diversas imágenes que retratan el abuso policiaco del que serían objeto los estudiantes normalistas, por ejemplo, golpizas por parte de los uniformados.

En una de ellas, se observa a un grupo de estudiantes desnudos y semidesnudos acostados boca abajo en un patio; alrededor de ellos, una valla de policías.

Julio César Hernández Granados, vocero del gobierno de Michoacán, considera que estas fotografías puedan ser “falseadas” como, según él, ha ocurrido durante otros conflictos estudiantiles. El funcionario pone en entredicho también las versiones de que existen jóvenes heridos con arma de fuego o de que las instalaciones educativas fueron violentadas y saqueadas por los policías. Se trata de “una de esas mentiras que se cuentan en estos operativos”, asevera.

Aún así, llama a los normalistas a denunciar cualquier delito o violación a los derechos humanos cometidos por los uniformados, pues aunque por ahora no tiene conocimiento del tema, la administración de Fausto Vallejo está en la disposición de recibir y atender recomendaciones.

Puntualiza, asimismo, que el operativo del pasado 15 de octubre no fue “contra estudiantes indefensos”, sino contra jóvenes armados con bombas molotov y “granadas de fragmentación caseras” (sic). A ellos, los responsabiliza de los daños contra el mobiliario educativo y también de las lesiones que sufrieron al menos 10 policías.

A la pregunta de por qué responder con violencia y no con diálogo a la petición de audiencia de los estudiantes, con el objetivo de discutir las modificaciones curriculares a sus planes y programas de estudio, Hernández Granados explica que esto se debe a que los normalistas exigían hablar con el gobernador, y éste, a su vez, dijo que no dialogaría con ellos en tanto los vehículos retenidos no fueran liberados.

Al cierre de esta edición, 98 de los 167 normalistas que fueron detenidos permanecían en la Estación de Barandillas en espera de que el Ministerio Público integrara las averiguaciones previas del caso. Al respecto, el vocero del gobierno de Michoacán asegura que la administración local no levantó cargos en contra de los normalistas; no así, diversos particulares, como los dueños de las empresas transportistas, quienes se quejan de “robo” y “daño a las cosas”.

En un pronunciamiento fechado el 16 de octubre, una centena de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos manifiestan su “más contundente rechazo ante las claras violaciones a los derechos humanos, por medio de las cuales el gobierno estatal y federal criminaliza, reprime y estigmatiza a los estudiantes que exigían el respeto y garantía de su derecho a la educación”.

En el documento, respaldado por unas 300 firmas, exigen al gobierno de Michoacán que “tome las medidas apropiadas para garantizar la integridad física y sicológica, ya que se teme que los detenidos puedan ser torturados”; que se “respeten los derechos humanos de los normalistas y que los elementos policiacos y toda la línea de mando que los han violentado sean investigados y sancionados”.

Julieta, una menor de 17 años que fue detenida durante el desalojo de la normal de Tiripetío, narra, entre lágrimas, que los policías federales “nos decían que nos iban a violar; que éramos unas pinches putas; que seguramente éramos las putas de los compañeros; que nos iban a dar una calentadita a ver si aprendíamos”. El testimonio circuló ampliamente por internet.

Vallejo Figueroa: ocho meses, cinco conflictos estudiantiles

Éste es el quinto conflicto estudiantil que se desata en Michoacán durante los primeros ocho meses del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien desde febrero de 2012 detenta la gubernatura en dicha entidad. En tres de estos conflictos se ha recurrido al uso de la fuerza pública.

El primero data de marzo, cuando estudiantes de la normal rural de Tiripetío se movilizaron en defensa de su matrícula de nuevo ingreso, misma que de 2000 a la fecha ha disminuido en 36 por ciento, al pasar de 220 a 140 lugares (Contralínea 277).

El segundo ocurrió a finales de abril, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal desalojaron, sin orden judicial, tres casas estudiantiles dependientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recogieron más de 60 quejas por uso arbitrario de la fuerza, detención, cateos y visitas domiciliarias arbitrarias (Contralínea 286).

El segundo día de mayo, alumnos de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán se apoderaron de las instalaciones universitarias con el apoyo de profesores y comunidades indígenas en demanda de una educación digna. Este sería el tercero de los conflictos (Contralínea 292).

El cuarto conflicto ocurrió a finales de septiembre, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva se apoderaron de las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para desalojar a los alumnos agrupados en el Movimiento de Aspirantes y Rechazados, que pedían ampliar la matrícula de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2012-2013.

Para Julio César Hernández Granados, estos conflictos representan casi la mitad de los que hubo en 2011 en Michoacán, entre los que destaca seis movilizaciones de la Coordinadora de Universitarios en Lucha y tres de la Normal de Tiripetío. Entonces, la administración de Leonel Godoy Rangel negociaba con dinero, es decir, otorgaba recursos públicos a los estudiantes que protestaban y así lograba apaciguarlos, asegura el funcionario.

Con Fausto Vallejo la situación ha cambiado: “No hay dinero y lo poco que hay no se puede utilizar para anestesiar movimientos políticos”, sentencia el vocero.

La raíz del conflicto

En la raíz del reciente conflicto estudiantil está la inconformidad de las ocho normales públicas de Michoacán con la reforma curricular de la educación normal, disposición de carácter federal que actualmente se aplica en la mayoría de las escuelas del país.

Ésta, refieren Rodrigo Rodríguez Cornejo, secretario técnico del Comité Ejecutivo Seccional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y Artemino Ruiz Hurtado, secretario del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, es parte de un proyecto de educación de Estado “de corte neoliberal”, que busca desprofesionalizar la labor del docente.

—¿Luego de la incursión policiaca a los planteles educativos, existe la posibilidad de dialogar con los estudiantes respecto de la reforma curricular de la educación normal? –se le pregunta a Hernández Granados.

—El gobernador ha manifestado que si los estudiantes regresan al camino de la legalidad, el gobierno local los acompañará a realizar las audiencias y gestiones necesarias con la federación.

—Entre los normalistas y organizaciones sociales circulan versiones respecto de la intención del gobierno de Fausto Vallejo de cerrar la normal rural de Tiripetío. ¿Es cierto?

—Existe un reclamo social generalizado de que es una escuela que debe cerrarse porque desde hace años no es noticia por sus logros académicos, sino por sus actos vandálicos como robar o saquear negocios. Con todo esto, el gobernador no tiene la intención de desaparecerla, aunque hay voces al interior del gobierno que estarían de acuerdo con esto.

—¿Quiénes son estas voces que reclaman el cierre de la normal?

—De entrada, todos los organismos empresariales, pero también organizaciones sindicales como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos [CROC, de filiación priísta] –dice el vocero del gobierno de Michoacán.

En marzo de 2012, en entrevista con Contralínea, Rafael García Trejo, líder de la CROC, brazo político del PRI, manifestó que normales rurales como la de Tiripetío, Michoacán, “no deben existir”.

—Deben existir normales que verdaderamente los estudiantes vayan [sic] a lo que vayan y que sus exigencias sean reales.

Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, de la que forma parte la normal rural de Tiripetío, se encuentran en la Ciudad de México difundiendo la problemática que aqueja a las normales de Michoacán. En conjunto con organizaciones sociales y estudiantiles repudian los hechos de violencia en contra de los normalistas michoacanos y exigen la liberación inmediata de sus compañeros, “presos políticos”.

Explican que desde hace algunos meses, trabajan en la elaboración de una propuesta alternativa a la reforma curricular oficial. A decir de los normalistas es ilógico que el gobierno pretenda incorporar en sus programas de estudio materias como inglés, cuando en la mayoría de las comunidades donde ejercen sus profesiones ni siquiera se habla español. Lo mismo sucede con la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, pues en las aulas de las comunidades rurales apenas llegan a pizarrones.

Organizaciones pacifistas se pronuncian por Michoacán

Luego de las movilizaciones policiacas que emprendieron la Policía Federal y estatal el 15 de octubre en Michoacán, organizaciones pacifistas condenan los actos de las autoridades en contra de estudiantes normalistas.

El Comité Cerezo, que desde 2001 se pronuncia en contra de las violaciones a los derechos humanos, emitió un comunicado urgente en contra de las agresiones a estudiantes normalistas de esa entidad.

La Escuela Normal Indígena de Cherán, la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, y el Centro Regional de Educación Normal, de Arteaga, en Michoacán, fueron blanco de la represión desde las primeras horas del 15 de octubre pasado. La intervención policial iba dirigida a terminar con las protestas de los estudiantes normalistas inconformes con las reformas del gobierno para la educación normal.

“Ante los hechos referidos deseamos manifestar nuestro más contundente rechazo ante las claras violaciones a los derechos humanos, por medio de las cuales el gobierno estatal y federal criminaliza, reprime y estigmatiza a los estudiantes que exigían el pleno respeto y garantía de su derecho a la educación. Exigimos la presentación de todos los detenidos y que el Estado tome todas las medidas apropiadas para garantizar la integridad física y sicológica, ya que se teme que los detenidos puedan ser torturados como ha sucedido en recientes operativos represivos en el estado”, cita el pronunciamiento, al cual se adhirieron más de 300 organizaciones, entre ellas Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, AC; y Servicios y Asesoría para la Paz, AC.

En repudio por esta acción de los gobiernos federal y estatal, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo “denuncia la represión ejercida por elementos de la Policía Federal, policía estatal, Agrupamiento Femenil, Protección Civil, policía municipal y Grupo de Operaciones Especiales en contra de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y del Magisterio Democrático de la Sección XVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”.

Además, luego del operativo policiaco, las autoridades mantienen medidas de represión contra pobladores y familiares que se manifiestan para exigir la liberación de los detenidos. La policía disuelve las manifestaciones mediante cercos, agresiones y detenciones arbitrarias, acusa el comunicado del Frente Nacional de Lucha por el Socialismos.

El mismo sentencia: “Exigimos que las autoridades del estado respeten los derechos humanos de los normalistas y que los elementos policiacos y toda la línea de mando que los ha violentado sean investigados y sancionados”. (Mariela Paredes)

Guerrilla exige renuncia del gobernador por represión a normalistas

El desalojo de las normales michoacanas de Tiripetío, Cherán y Artega, realizado por policías federales y estatales el pasado 15 de octubre, provocó reacciones de la guerrilla. En un comunicado fechado el mismo día del desalojo, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se refirió a los hechos como una sangrienta y brutal represión que se ejerce dentro del contexto de la imposición de las políticas neoliberales, la cual dejó como saldo decenas de detenidos, lesionados y torturados y un número indeterminado de desaparecidos.

El grupo armado señala que el acto constituye un crimen de Estado, que debe ser tipificado, enjuiciado y castigado: “Fue un acto de represión ejercido con saña, alevosía y ventaja, utilizando armamento de infantería, artillería terrestre y aérea, propias de un ejército regular en guerra”.

Explica que el Estado mexicano ejerce una política criminal, sumisa y entreguista que reprime, tortura, desaparece y asesina al pueblo, a la vez que satisface a oligarcas locales, nacionales e internacionales, empresarios y políticos que pugnan por la privatización de los derechos sociales y constitucionales.

Además, consideran que la guerra no es contra el crimen organizado, sino contra el pueblo que se organiza y lucha en defensa de sus derechos constitucionales y humanos.

“Los estudiantes sólo recurren al legítimo derecho de la defensa de la educación gratuita, laica y obligatoria con un carácter científico, crítico y humanista”, señala el EPR.

Por las acciones contra los normalitas, el grupo armado responsabiliza directamente a Felipe Calderón, presidente de la República, y a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal.

Además, la guerrilla exige la renuncia del gobernador michoacano Fausto Vallejo y lo acusa, junto con Jesús Reyna García y Elías Álvarez, secretarios locales de Gobierno y de Seguridad Pública, respectivamente, por recurrir a la represión como solución a los problemas sociales y económicos del estado.

Tv Azteca y Televisa también son mencionadas en el comunicado. Según el EPR, las dos televisoras son un séquito de “voces criminales” que promueven y justifican la violencia institucional y tratan de arrastrar a la sociedad a una dictadura de opinión para justificar el baño de sangre.

Finalmente, le señalan al gobernador: “No hay pacto o compromiso social que tenga recepción alguna si sólo se utiliza la ley del garrote y la metralleta para resolver los conflictos sociales; le recordamos que dentro de los crímenes de lesa humanidad hay responsabilidades personales, y usted por ser el representante del Ejecutivo será responsable de lo que suceda ante la oleada represiva que se ha emprendido contra el pueblo michoacano”.

El EPR manifiesta su solidaridad con los estudiantes, y argumenta que ante la violencia y el terrorismo de Estado, la única alternativa que éste deja al pueblo es el uso del legítimo derecho a la autodefensa.

“Que nadie se estremezca, ni se sorprenda cuando el pueblo se haga justicia por propia mano”, expresa la guerrilla. (Rogelio Velázquez)

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