CARLOS ACOSTA CÓRDOVA
14 DE NOVIEMBRE DE 2012 · 17 COMENTARIOS
DESTACADO

Sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Foto: Benjamín Flores.


MÉXICO, D.F. (apro).- Los nueve consejeros electorales del IFE, únicos con derecho de voto, acordaron hoy por unanimidad suspender la destrucción de las boletas y demás papelería utilizadas en los comicios presidenciales del año 2006.

Con esa decisión, el Consejo General del IFE atiende la solicitud de medidas cautelares formuladas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –a partir de una queja interpuesta por Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso–, con el propósito de no destruir la papelería de los comicios del 2 de julio de 2006, hasta en tanto dicho organismo internacional se pronuncie por admitir o no la petición 2202/2012 interpuesta por el periodista mexicano y resuelva sobre el fondo del asunto.

El 31 de diciembre próximo vence el plazo para que el Comité de Derechos Humanos de la ONU defina si admite o no el recurso interpuesto por Rodríguez Castañeda. En caso de hacerlo, tiene hasta el 1 de mayo de 2013 para resolver, una vez estudiado el fondo del asunto, qué mandata al Estado mexicano en relación a la paquetería electoral del 2006.

En su sesión extraordinaria de este miércoles, el Consejo General decidió también que dicha paquetería electoral, que actualmente se encuentra distribuida en 32 bodegas estatales, sea concentrada en un solo inmueble, en una sola bodega, en el Distrito Federal.

El propósito: reducir costos de almacenamiento y custodia, toda vez que el resguardo de esos materiales por seis años le ha significado al erario –particularmente a los presupuestos de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y al propio Instituto Federal Electoral– más de 550 millones de pesos.

Es decir, todo el material del 2006 que se encuentra bajo resguardo de las 32 Juntas Locales Ejecutivas del IFE –votos válidos, nulos, boletas sobrantes y lista nominal de electores– será trasladado a la capital del país, una vez que la que definida como “bodega nacional” sea acondicionada para tal efecto.

Aprobado el acuerdo de la no destrucción, las direcciones ejecutivas de Organización Electoral y de Administración, del IFE, recibieron del Consejo General la encomienda de encontrar, a la brevedad, un inmueble que reúna las condiciones de seguridad, conservación y clasificación de esos materiales.

Una vez encontrada la “bodega nacional” idónea, los consejeros establecieron un plazo de 45 días para que se haga el traspaso desde las 32 bodegas estatales.

Dicho traspaso se hará conforme a los Lineamientos para la concentración y resguardo de los paquetes electorales de 2006, aprobados hoy también por el Consejo General.

El cronograma para concentrar en el Distrito Federal toda la documentación será el siguiente, según lo aprobado por los nueve consejeros electorales del IFE:




Notas:

*En caso de que la firma del contrato de la bodega sea posterior al 15 de enero, se requerirán 21 días a partir de la fecha de la firma para la realización de esta actividad.

**En caso de que la firma del contrato de la bodega sea posterior al 15 de enero, se requerirán 21 días a partir de la fecha de la firma para la realización de esta actividad.

***En caso de que la firma del contrato de la bodega sea posterior al 15 de enero, se requerirán 22 días a partir de la conclusión del equipamiento del espacio de custodia para la realización de esta actividad.

Aunque no sin algunas críticas, los representantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), mostraron su beneplácito por la decisión de atender la petición de ONU para no destruir por el momento la paquetería electoral del 2006.

Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del PRD ante el IFE, consideró correcta la decisión del IFE de no destruir las boletas electorales del 2006, pero que era insuficiente, pues no se atendía la petición de las izquierdas de darle acceso al público a esos materiales.

Pidió también, explícitamente al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, que “se tenga la precaución debida de que no se vaya a ocasionar un accidente o un incendio como el que se ocasionó en el año 1988 en San Lázaro”.

Ante el “sospechosismo” del perredista, el consejero Alfredo Figueroa rápido hizo ver el error y desmemoria de Márquez Madrid: El incendio que se registró en San Lázaro fue en 1989, pero los paquetes de la elección de 1988 –la “caída del sistema” y el presunto fraude de Carlos Salinas contra Cuauhtémoc Cárdenas– quedaron a salvo. Éstos fueron destruidos, quemados, mucho después… y por acuerdo de las principales fuerzas políticas.

Tan terso fue el debate de este miércoles en el Consejo General –esta vez la izquierda estaba complacida con que no se destruyeran las boletas de 2006– que los consejeros aceptaron estudiar la propuesta del PRD de realizar, como se está haciendo con la papelería de las elecciones de este año, una serie de estudios –a partir de una muestra aleatoria de los paquetes electorales– sobre cómo se sufraga en el país, pero más en términos académicos y de investigación.

Sin embargo, quienes desentonaron en el marco de una sesión prácticamente de convergencia entre IFE y los partidos de izquierda fueron los representantes del PAN y del Verde Ecologista (PVEM).

Rogelio Carbajal, del PAN, y Sara Castellanos, del PVEM, increparon a los consejeros. El atender la petición del Comité de Derechos Humanos de la ONU, alegaron, era tanto como echar a la basura la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en noviembre del año pasado, dijo que era inadmisible el recurso interpuesto por el ciudadano Rafael Rodríguez Castañeda, y que por tanto procedía la destrucción del material electoral de 2006.

No sólo eso, sino que con esta decisión de postergar la destrucción de esos materiales, por hacerle caso a la ONU, el propio IFE abdicaba de sus responsabilidades y facultades, y aun de la decisión unánime del Consejo General, del 3 de octubre pasado, de proceder a destruir la papelería electoral del 2006, toda vez que, por ley, no siendo las boletas de acceso público –como marca la normatividad electoral del país–, no tiene ningún sentido su conservación.

En suma, el IFE esperará a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronuncie para saber cómo proceder en el caso.

Los consejeros, eso sí, coincidieron en que de ninguna manera estaban, como coloquialmente se dice, “doblando las manos”, sino actuando con prudencia y en respeto a las convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano.