Un militar ante la escena de un crimen en Monterrey. 

Foto: Víctor Hugo Valdivia

Luciano Campos Garza

MONTERREY, N.L. (apro).- Los patrullajes de marinos por calles de la ciudad son inconstitucionales y contravienen recomendaciones de Naciones Unidas para desmilitarizar las calles de México, denunció esta mañana la activista Consuelo Morales Elizondo.

La presidenta de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) dijo que no hay una justificación legal para que los elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) patrullen las calles de Monterrey.

“El único supuesto contemplado dentro de las atribuciones, en donde se tiene contacto con la sociedad civil y autoridades civiles es la de fomentar y participar con autoridades civiles en actividades socio-culturales y cívicas, en aspectos relacionados con el medio marítimo”, explicó.

El miércoles 31, la panista Margarita Arellanes Cervantes, al asumir la Presidencia Municipal de Monterrey presentó al contralmirante Augusto Cruz Morales como secretario de Seguridad. Junto con él llegaron a la administración de la ciudad 18 funcionarios de la Marina que ocuparán puestos como Tránsito, Alcoholes, Comercio y otras oficinas administrativas, y 90 elementos navales que recorrerán las calles en trabajo preventivo.

La alcaldesa dijo que el contralmirante ayudará a sanear las corporaciones de seguridad a través de un plan de depuración inmediato y aseguró que “los miembros de la Marina Armada de México cuentan con los permisos necesarios para desempeñar su ámbito municipal”.

Morales Elizondo afirmó que la pretendida depuración a través de trabajo de inteligencia para dejar a las corporaciones exentas del crimen organizado no está contemplada ni en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México ni en el 30 de la Ley de la Administración Pública Federal.

Al hacer un análisis jurídico de la participación de los marinos en territorio regiomontano, encontró que los efectivos de Semar pueden coadyuvar con dependencias municipales o estatales únicamente por orden expresa del presidente de la República y mediante decreto del Ejecutivo federal.

“Nunca se habla de ejercer funciones que puedan cubrir las de vigilancia de tránsito, depuración o alcoholes”, dijo.

En conferencia de prensa ofrecida hoy en oficinas del organismo, Morales Elizondo expuso que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de la ONU (GTDFI) recomendó el 31 de marzo del 2011, después de su visita a México, que fueran retiradas las fuerzas militares del trabajo de seguridad publica para prevenir desapariciones forzadas y establecer protocolos de seguridad para el uso de la fuerza de parte del ejército y todas las corporaciones policíacas.

“La estrategia federal de militarizar las comunidades no ha resuelto el problema de la violencia en torno al desenvolvimiento de las redes de la delincuencia organizada, sustentadas en la corrupción e impunidad de las propias instituciones”, dijo.

“La estrategia de militarización ha complejizado (sic) el problema, favoreciendo la comisión de un número mayor de abusos de la autoridad contra la ciudadanía”, señaló.

Al pronunciarse en contra de la militarización, Morales dijo que la delincuencia organizada terminará cuando acaben la corrupción y la impunidad dentro de las corporaciones encargadas de la procuración de justicia.

“Se corre el riesgo, de acuerdo con casos documentados, de que la ciudadanía sea la más afectada en la vulneración de sus derechos con la definición de estrategias militares en un área civil que, de por sí, se encuentra en un estado de grave vulnerabilidad”, afirmó.

Además que no se cuenta con protocolos de actuación, mucho menos de coordinación entre las diferentes corporaciones militares y policíacas, abriendo la puerta, así, a la impunidad”, sentenció.

Morales dijo que tramita una entrevista con la alcaldesa Arellanes para externarle su inquietud.

Desde el miércoles recorren la ciudad patrullas de la Semar, así como elementos de esa corporación, con sus propios uniformes y armamento, montados en pickups de la Policía Municipal de Monterrey.

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