JORGE CARRASCO ARAIZAGA


Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Miguel Dimayuga


Cuando Felipe Calderón sacó al Ejército y a la Marina de sus cuarteles para enfrentarlos con los cárteles de la droga, no tenía idea de qué hacer con las Fuerzas Armadas. Improvisó sobre la marcha y su guerra resultó un fiasco con un altísimo costo en vidas. El oprobio y el desprestigio alcanzaron a soldados y marinos porque en su actuación violaron sistemáticamente los derechos humanos.



MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las Fuerzas Armadas de México terminaron por asumir el costo del sexenio “valiente” de Felipe Calderón. Su exposición en el combate al narcotráfico, marcada por una violación sistemática de los derechos humanos y sin ninguna regulación de su actuar, dejó al Ejército y a la Marina divididos en la “guerra al narcotráfico” a la que los condujo en pos de su legitimidad presidencial.

Mientras la Marina formó parte de la espectacularidad con la ejecución y detención de jefes del narcotráfico, el Ejército vio desfilar hacia la prisión a algunos de sus generales en activo y en retiro por su presunta colaboración con la delincuencia organizada, acusados por testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Pero la Marina Armada de México tampoco quedó incólume: Acabó con un historial de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad como tortura y desaparición forzada. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Marina superó incluso al Ejército en el número de recomendaciones en relación con las quejas presentadas en su contra.

Aunque el Ejército concentró casi 90% de las quejas abiertas este sexenio en contra de las Fuerzas Armadas, los infantes de Marina, al convertirse en los arietes de Calderón contra cabecillas del narcotráfico, acabaron también entre los principales violadores a la dignidad humana en México.

Desde que Calderón asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2006 y hasta el 31 de octubre pasado, la CNDH registró 8 mil 929 quejas. De ellas, 7 mil 800, fueron contra el Ejército; es decir, 87.35%. El 12.65% restante, mil 129, fueron contra la Marina. Pero en proporción, la Armada tuvo más recomendaciones que el Ejército cuando el organismo comprobó la existencia de violaciones.

De las quejas contra el Ejército, 108 acabaron en recomendaciones de la CNDH, mientras que las de la Marina devinieron en 19. En proporción, el Ejército tuvo 1.38, contra 1.68 de la Armada. La cifra es todavía más negativa para la Marina al considerase que el Ejército desplegó a 90 mil hombres contra el narcotráfico, mientras que la Marina envió una tercera parte de esta cifra.

La propia Secretaría de Marina Armada de México (Semar) da cuenta del nivel que alcanzaron las violaciones a los derechos humanos desde que Calderón decidió aumentar el número de infantes de Marina para desplegarlos en contra de los grupos del narcotráfico.

Espectacularidad

En el Sexto Informe de Gobierno de Calderón, la Semar plantea que tan sólo entre 2011 y 2012 “desahogó 360 quejas ante la CNDH por presuntas violaciones cometidas por personal naval en esta materia. Citada Comisión concluyó que en 132 de ellas no tenía responsabilidad”. Aunque no lo dice, en el resto, 228 casos, hubo responsabilidad, sin que necesariamente hayan derivado en recomendaciones.

Los infantes de Marina funcionaron para las acciones espectaculares de Calderón: en diciembre de 2009 ejecutaron a Arturo Beltrán Leyva, en Morelos; en noviembre de 2010 a Ezequiel Cárdenas Guillén, en Matamoros, y en octubre de 2012 a Heriberto Lazcano Lazcano, en Progreso, Coahuila. Las muertes de los jefes de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva, del Golfo y de Los Zetasocurrieron en tierra continental, fuera del ámbito natural de la Armada.

Además, los infantes de Marina detuvieron, entre otros, a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, de los Beltrán Leyva, en 2010; a Raúl Lucio Hernández Lechuga, jefe zeta en Veracruz, en diciembre de 2011, y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, del cártel del Golfo, en septiembre pasado.

La actuación del Ejército fue menos espectacular. Sólo se acreditó en julio de 2010, en un enfrentamiento en Jalisco, la muerte de Ignacio Nacho Coronel Villarreal, jefe regional del cártel de Sinaloa, y la detención, en marzo de 2009, entre otras, de Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien junto con Joaquín El Chapo Guzmán encabeza dicha organización.

Con más despliegue en el país, el Ejército se hizo cargo de casi todo el aseguramiento de droga y detención de personas. De los 50 mil individuos detenidos por las Fuerzas Armadas en la campaña de Calderón contra los grupos de narcotraficantes, 46 mil 942 fueron capturados por el Ejército, 92.67%, de acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno. La misma fuente indica que de los mil 500 millones de pesos en que se valuó el decomiso de mariguana y cocaína en el sexenio, mil 494 millones, 99.49% lo hizo el Ejército.

Afectado durante años por la deserción, entre la que destaca la de los fundadores de Los Zetas, que han seguido reclutando a hombres en las zonas militares, el Ejército detuvo en parte la sangría. De los 107 mil 158 elementos que desertaron en el sexenio de Fox, en el de Calderón la cifra llegó a 43 mil 827 hasta agosto pasado.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atribuye esa tendencia al incremento de ingresos del personal castrense. Sin embargo, los aumentos anuales de 500 o mil pesos que anunciaba Calderón no se integraron al sueldo base de los militares, lo que ha provocado inconformidad entre el personal que se jubila.

El mayor desprestigio en la “guerra” de Calderón lo pagó el Ejército con la detención de varios generales. El caso más significativo fue el del general en retiro y exsubsecretario de la Sedena Tomás Ángeles Dauahare, a quien El Grande acusó de haber trabajado para el cártel de los Beltrán Leyva, aunque Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, otro integrante de esa organización, no lo ha reconocido como tal ante la PGR (Proceso 1881).

Las detenciones de los generales, que después de medio año no se han traducido en sentencia de primera instancia, sirvieron para que Calderón echara más leña al fuego a su “guerra contra el narcotráfico” y condenara públicamente a los detenidos: “Lo único que queda claro aquí es que mi gobierno no tolerará actos contrarios a la ley, vengan de donde vengan”, declaró el 21 de mayo de 2012 en Barbados, al final de la II Cumbre México-Comunidad del Caribe.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1882, en circulación)