En una ceremonia en el Museo Nacional de Antropología el pasado lunes, el presidente Enrique Peña Nieto firmó y entregó al Legislativo una iniciativa de reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución, que establece nuevos procedimientos para el ingreso, evaluación y promoción de maestros del sistema educativo mexicano y busca erradicar las prácticas corruptas en el acceso a cargos de supervisión y dirección en las escuelas.

Un punto más que se destaca en esta iniciativa es el que se refiere al otorgamiento de rango constitucional y autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para el que se fija como uno de sus objetivos fundamentales evaluar el desempeño y los resultados del sistema educativo, desde prescolar hasta el nivel medio.

El dictamen de reforma educativa alcanzó el rápido consenso de las fuerzas políticas representadas en San Lázaro, que este miércoles lo aprobaron sin mayor discusión; y convertido ya en proyecto de decreto fue publicado el viernes en la Gaceta Parlamentaria. Se espera que este martes el proyecto sea sometido al pleno en segunda lectura para ser turnado a la brevedad al Senado de la República.

La reforma deriva de tres o cuatro puntos del llamado Pacto por México signado por los partidos políticos al día siguiente de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, y se ha mencionado con insistencia que con ella se busca devolver al Estado la rectoría en materia educativa, con lo que implícitamente se reconoce que alguna vez ésta estuvo extraviada, está a la deriva o, peor aun, en poder de quienes históricamente han tenido secuestrada a la educación: los grupos de poder enquistados en el sindicato magisterial, sean los llamados charros o de otras corrientes, que son la principal barrera al avance educativo y una de las causas del atraso en que nos encontramos en esta importante materia que debe sanearse a fondo para convertirla en lo que debería ser: principal instrumento de desarrollo económico, de justicia social, progreso, democracia y combate a la desigualdad.

Todo ello será imposible si como sociedad seguimos permitiendo que la rectoría de la educación la tenga una dirigencia sindical corrupta, y no el Estado, que se encuentra postrado frente a quienes se han apoderado de la educación en México.

No obstante, la anunciada reforma tiene más de estridente que de efectividad. El servicio profesional docente y la evaluación educativa, pilares de esta enmienda, son dos aspectos que desde hace una década se han planteado en el sector y más recientemente pasaron a formar parte de la llamada Alianza por la Calidad Educativa, apoyada fuertemente por el SNTE.

El dirigente de ese sindicato declaró al día siguiente de la presentación de esa iniciativa de reforma que muchos de los planteamientos ahí establecidos los ha enarbolado el SNTE desde hace años, y Elba Esther Gordillo ha dado todo su respaldo a ese proyecto por la sencilla razón de que con ello no se limita el poder al sindicato que encabeza, como tendría que ser si verdaderamente se busca que el Estado retome la rectoría en la educación.

Se trata de una iniciativa extremadamente limitada y que al parecer dejará intacta la corrupción en que se mueven las camarillas que manejan como patrimonio propio la educación. Así no se puede avanzar. Una reforma educativa que no reste poder a las mafias sindicales está destinada al fracaso, por mucho que en ella se hable de mejorar la calidad educativa. n

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@MoissAlcarazJim