La firma trasnacional Walmart ha lucrado durante años al amparo de los resquicios legales en México, donde ahora cuenta con 2 mil 927 unidades comerciales y 263 sucursales bancarias. Aun cuando el corporativo se halla inmerso en el escándalo, sobre todo en los últimos meses a raíz de una serie de revelaciones de legisladores de Estados Unidos y del diario The New York Times en relación con pagos de sobornos y evasión de impuestos, sus directivos en México no se inmutan: saben que las autoridades federales y del Distrito Federal –a las que adeudan decenas de millones de pesos por la falta de pago del predial– no las obligan a cumplir con sus compromisos fiscales.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La voracidad de la trasnacional Walmart de México es ilimitada. Con el transcurrir del tiempo surgen nuevos elementos que prueban la forma en que la compañía se ha beneficiado económicamente a costa de las autoridades hacendarias, estatales, municipales e incluso del gobierno del Distrito Federal.

A los señalamientos lanzados por legisladores estadunidenses contra la empresa e investigaciones periodísticas como la del New York Times se suma la evasión de millonarios pagos por impuesto predial en la Ciudad de México –en 2009 debía 24.1 millones de pesos–, así como el beneficio de diferir la liquidación de impuestos federales desde 2004, que van de 4 mil millones a 7 mil millones de pesos, aun cuando Walmart de México tuvo ganancias superiores a 200%.

El pasado 14 de agosto los legisladores demócratas Elijah Cummnigs y Henry Waxman revelaron que tenían documentos internos según los cuales la empresa pudo haber incurrido “no sólo en sobornos, sino también en conducta financiera cuestionable, incluyendo evasión fiscal y lavado de dinero”.

Además, mencionaron el presunto pago de sobornos para obtener permisos de construcción de manera ilegal.

Mediante una carta dirigida al presidente ejecutivo de Walmart, Michel Duke, Cummings y Waxman notificaron: “Hemos obtenido documentos internos de la compañía, incluidos reportes de auditorías internas (y) de otras fuentes, sugiriendo que Walmart de México podría haber tenido problemas… no sólo de sobornos, sino también de ‘conducta financiera cuestionable’, incluyendo evasión fiscal y lavado de dinero”.

Al siguiente día, la firma respondió con un comunicado: “Con relación a ciertos reportajes que han aparecido en Estados Unidos que sugieren que Walmex pudo haber estado involucrada en actividades de lavado de dinero y evasión fiscal, Walmart de México y Centroamérica declara que no tiene conocimiento de que esté siendo investigada por autoridades mexicanas al respecto…

“Si se iniciara una investigación sobre esta materia y Walmex fuera notificada, cooperará con las autoridades, y en la medida en que lo permita la legislación vigente habrá de dar a conocer públicamente dichos hechos”.

Cuatro meses después –el pasado lunes 17– The New York Times documentó sobornos por parte de los directivos de la empresa para conseguir permisos, licencias de construcción,  así como dictámenes ambientales, de impacto urbano y vial.

A partir de documentos confidenciales de Walmart, el diario neoyorquino identificó 19 tiendas distribuidas en territorio mexicano en las que los ejecutivos habían recurrido al soborno, entre ellas un Sam’s Club cercano a la Basílica de Guadalupe y un Centro de Distribución de Refrigerado al norte del Distrito Federal.

El rotativo relató la forma en que personal de la empresa aprobó pagos por al menos 221 mil dólares para modificar el uso de suelo en la zona de Teotihuacán, Estado de México, con el propósito de obtener la licencia para la construcción de otra sucursal.

La compañía emitió un comunicado el mismo lunes 17, en  el que sostiene que sus ejecutivos están investigando el caso de Teotihuacán: “El proceso de apertura de la tienda en San Juan Teotihuacán al que hace referencia el artículo de The New York Times forma parte de la investigación que Wal-Mart Stores, Inc. está realizando con abogados y peritos independientes desde finales de 2011”.

Lo anterior significa que la información manejada por el diario estadunidense fue filtrada desde hace un año.

La empresa siempre ha tenido como prioridad colaborar en las investigaciones “con este fin –añade el comunicado–. Mientras las investigaciones sigan su curso, la empresa no hará comentarios sobre alegatos o acusaciones en específico”.

Y aun cuando los directivos de Walmart aseguran que iniciaron una investigación interna desde 2011 y que existe una denuncia en el Congreso estadunidense desde agosto de 2012, en México no hay ninguna indagatoria relacionada con el caso de Teotihuacán.

El diputado federal perredista Domitilo Posadas Hernández dice a Proceso que conseguirá la firma de 60 legisladores del Estado de México para presentar un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para que las autoridades inicien una investigación al respecto.

Se queja también porque, dice, tan sólo la semana pasada el cabildo de Toluca autorizó la apertura de 40 tiendas Oxxo y cinco gasolineras y porque aún no se tiene información acerca de cuál será el impacto ambiental de ello.