Aún hay tiempo; no hace un año que dejaron los cargos, explica Flores Majul

El ex procurador y el ex secretario de Seguridad deben responder por el caso Ayotzinapa

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 6 de noviembre. Diputados locales aprobaron dar entrada al juicio político contra el ex procurador Alberto López y el ex secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja por posible responsabilidad en el desalojo contra estudiantes de Ayotzinapa, cuando fueron asesinados dos normalistas.

La votación fue de 35 votos a favor del dictamen presentado por la Comisión de Examen Previo, con la abstención del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Jorge Salazar Marchán.

El dictamen fue leído por el diputado Roger Arellano quien informó que la denuncia de juicio político, registrada con el número CEP/JP/LX/001/2012, fue interpuesta por los apoderados legales de la CNDH Yolanda Leticia Escandón Carrillo, Jorge Luis Martínez Díaz y Andrés Quezada Garza contra López Rosas y Almonte Borja.

La CNDH argumenta que solicitó el juicio político porque el 12 de diciembre de 2011, durante la manifestación de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, hubo acciones y omisiones de las autoridades señaladas.

Además, no se instrumentó ningún protocolo para el desalojo o lineamiento antimotines; tampoco se dieron instrucciones, ni hubo coordinación efectiva entre los cuerpos policIacos.

La CNDH argumentó que en el desalojo participaron 175 policías, entre federales, de Seguridad Regional, ministeriales y estatales. Detalló que 91 de ellos portaban armas.

Indicaron que hubo alteración de la escena del crimen, así como edición del video presentado por el entonces procurador Alberto López Rosas.

El diputado Omar Jalil Flores Majul argumentó que la acción aún está dentro de los términos para que se pueda abrir juicio político a los ex funcionarios, pues aun no cumplen un año de que fueron separados de sus cargos en el gobierno estatal.

Además, dijo, podría existir una conducta por acción o por omisión del servidor público, la cual pudiera ser en perjuicio de los intereses públicos.

“Estos se tienen por acreditados con la documental consistente en la recomendación 1VG/2012, que contiene las evidencias que sustentan la misma, lo que permite considerar la presunción de una conducta que por acción u omisión de parte de los servidores públicos en comento, la misma redunde posiblemente en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”, argumentó el diputado.

Por ello, dijo que se llegó a la conclusión de que “hay los elementos necesarios para iniciar el procedimiento” de juicio político contra López Rosas y Almonte Borja.