En ausencia de los familiares de los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados el 12 de diciembre en Chilpancingo durante una manifestación de normalistas de Ayotzinapa, se efectuó el Acto Público de Disculpa Institucional Conjunta en el que el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Víctor Hugo Pérez Hernández, expresaron que fueron hechos que “nunca debieron haber pasado”.

El secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, informó que, de acuerdo con las investigaciones de PGJE, PGR y CNDH, no se ha acreditado la autoría intelectual y puntualizó que los autores materiales actuaron bajo su propia responsabilidad, porque nunca existió una orden del gobierno.

El acto se efectuó a pocos días de que se cumpla un año del hecho y como parte del cumplimiento de la sentencia 1VG/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNHD) publicada el 27 de marzo.

Ahí, estuvo “en representación de las víctimas” Iván Inocencio Rivas Cámara, hermano de Gonzálo, quien murió tras sufrir graves quemaduras al intentar apagar una bomba encendida de la gasolinera; él, como portavoz de los integrantes de su familia, y en honor a su hermano, aceptó la disculpa pública y agradeció “al gobernador y su gabinete por el apoyo que nos ha brindado, incondicional”.

Pérez Hernández, en representación del titular de la SSP, Genaro García Luna, reconoció públicamente que las reparaciones económicas no pueden sustituir la pérdida de un ser humano porque su vida no tiene precio y argumentó que “los apoyos” entregados tienen el propósito de coadyuvar en el restablecimiento del tejido familiar y social.

“Los hechos que motivaron la recomendación jamás debieron haber sucedido. Ante el caos debieron imponerse la prudencia, la mesura, la tolerancia y el profesionalismo de los elementos policiales”, expresó.

A nombre del titular y de todos los servidores de esa dependencia, expresó su “profunda y sentida disculpa” por los hechos violentos en los que participaron efectivos de la Policía Federal y expresó que es inaceptable el uso ilegítimo de la fuerza por cualquier autoridad.

“Las discrepancias y antagonismos entre grupos sociales y autoridades con ideas distintas no pueden, ni deben, ser motivo para la agresión ciega, ni sustitutos de la razón y la inteligencia”, dijo.

El funcionario federal reconoció que cualquier violación a los derechos humanos demerita el quehacer institucional y desprestigia la función policial, “lo cual se traduce en la pérdida de confianza de la comunidad en nosotros”.

En su intervención, el gobernador aseguró que no se trató de un acto de simulación, sino un acto “franco y sincero”; dijo que el gobierno que encabeza ha reconocido la responsabilidad en los hechos del 12 de diciembre y ha actuado en consecuencia.

“A todos y a cada una de las víctimas de los hechos ocurridos en la carretera México-Acapulco el día 12 diciembre, les ofrezco, a nombre del gobierno del estado de Guerrero, mis más sentidas disculpas en razón de las violaciones a sus derechos humanos por parte de algunos servidores públicos”, expresó.

Aseguró que el acto no sólo fue para cumplir la recomendación de la CNDH, sino también con el compromiso moral y ético con las víctimas y la población.

“Estoy convencido que hechos como los que hoy recordamos no debieron de haber sucedido, no deben repetirse nunca; si bien es cierto que hemos avanzado en el camino indicado para evitar que esto suceda, también hemos avanzado para cumplir nuestras obligaciones ante organismos internacionales, nacionales y estatales de derechos humanos”, aseguró.

En tanto, Salgado Gómez informó que hay un avance de 80 por ciento en el cumplimiento de la recomendación de la CNDH y que se espera que para enero se cumpla 100 por ciento.

Leyó un informe de nueve puntos, uno de ellos la indemnización, atención y reparación del daño a las víctimas, respecto de lo cual dijo que de un universo de 35 víctimas (32 reconocidas por la CNDH y tres por el gobierno del estado), se ha contactado a 33 y que en caso de las muertes, ya se indemnizó de conformidad de manera independiente, además de que se formó el Comité de Atención a Víctimas, que ha sesionado en 12 ocasiones.

En las sanciones penales a los responsables puntualizó que, como parte de la causa penal 07/2012/1, hay dos agentes ministeriales en proceso como probables responsables de delitos de homicidio y lesiones; en sanciones, informó que se separó del cargo a 12 servidores de la PGJE y de la SSP, además de la sanción administrativa a 101 servidores y de que en el Congreso se dio curso al juicio político a Alberto López Rosas y Ramón Almonte Borja, ex titulares de la PGJE y la SSP.

Consideró que la sanción es el aspecto “más sensible y de mayor preocupación” para familiares y víctimas y reconoció que no ha sido fácil investigar y fincar responsabilidades.

“Es importante destacar e informarle a la ciudadanía que de las investigaciones realizadas por la PGJE, la PGR y la CNDH hasta este momento no se desprende ningún medio de convicción, prueba o indicio que acredite la autoría intelectual en la comisión de estos hechos y de los delitos que se derivaron. Por lo tanto, me permito ponderar que en estos términos no se tienen bases o datos para considerar la existencia de autores intelectuales de los hechos”, expresó.

No obstante, aclaró que hay autores materiales que “actuaron bajo su propia responsabilidad y que están siendo y serán finalmente sancionados, pero nunca existió una orden, mandato o directriz de ninguna autoridad para actuar de la forma negligente e irresponsable en la que pasó”.

Indicó que además se han invertido 16 millones de pesos en el fortalecimiento educativo de la normal rural Raúl Isidro Burgos, y 40 millones en la infraestructura y mejoramiento.

En el presídium estuvieron también el presidente del Tribunal de Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo; el secretario de Seguridad Pública estatal, Guillermo Jiménez Padilla; la procuradora estatal de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal; la directora de Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos de la SSP federal, Leticia Muñoz Casini; el presidente de la Coddehum, Juan Alarcón Hernández; el presidente del Congreso estatal, Antonio Gáspar Beltrán; el director de Violaciones Graves a los Derechos Humanos de la SSP federal, Tomás Serrano Pérez, y la secretaria de Educación estatal, Silvia Romero Suárez.