Subrayó que el gobierno no quiere reconocer la magnitud del conflicto de las familias desplazadas en colonias y comunidades de todo el estado, que no presentan una denuncia por temor, porque saben que representa un riesgo mayor y las autoridades no son capaces de garantizar su integridad física.
Señaló que los desplazamientos por la delincuencia organizada se están danto particularmente en varios puntos de Tierra Caliente y Costa Grande, pero también en Acapulco y Costa Chica, así como en la Montaña, donde los migrantes son desplazados por la violencia económica.
Lo anterior, en respuesta al anuncio del diputado Silvano Blanco de Aquino, de que va a presentar un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación federal intervenga en el caso de los desplazados de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez, por el caso más sonado de las familias de La Laguna refugiadas en Puerto Las Ollas, donde la violencia en siete años ha cobrado unas 25 vidas.
En consulta telefónica, Olivares Hernández señaló que pareciera que el asunto se está comentando a nivel nacional, pero las organizaciones de derechos humanos consideran que no se está poniendo la atención adecuada.
Insistió que a los diputados federales les interesa el impacto mediático, porque el problema ha rebasado la capacidad del gobierno, porque no existe una política de Estado para este problema social, ni se está trabajando más allá de las declaraciones en los medios de comunicación.
Reiteró que hace falta atender el conflicto de manera integral, otorgando más oportunidades a los jóvenes y a la gente más pobre, porque los desplazados son consecuencia de la delincuencia organizada, porque los jóvenes y los campesinos no tienen oportunidades de estudio ni de trabajo.
Añadió que antes de pedir la intervención del gobierno federal, los diputados tendrían que invitar a las organizaciones para conocer cómo perciben el problema y cuáles son sus propuestas; aclaró que si no tienen propuestas acabadas, pueden trabajar de manera conjunta.
Aclaró que el caso de La Laguna, donde hace un mes fue asesinada la líder de los desplazados, Juventina Villa Mojica y su hijo menor, tuvo la atención de las autoridades por el acompañamiento de los defensores de derechos humanos, pero son una gran cantidad las familias desplazadas a las que nadie apoya ni posicionan su caso en los medios de comunicación y en el gobierno.
Recordó que tan sólo en La Laguna, en 2011 se desplazaron 170 familias que regresaron luego de unos meses a su localidad a sembrar y a cuidar su ganado; y hace un mes regresaron de nueva cuenta a Puerto Las Ollas, pera ahora buscan condiciones para su permanencia.
Por otro lado, señaló que hace unos días los pueblos de Barranca del Bálsamo, Hacienda de Dolores y Los Órganos, denunciaron la misma situación de hostigamiento y amenazas de grupos del crimen organizado.
“Si los diputados subieran a la Sierra encontrarían muchísimas comunidades expulsadas, a las que nadie les ha tendido la mano”, insistió.
Asimismo, señaló que Guerrero es un estado rico en minerales, “y no quisiéramos pensar que es una estrategia para despoblar las áreas y darle entrada a las empresas mineras”.
Indicó que la comunidad de La Laguna y hasta la cabecera municipal de Coyuca de Catalán son zonas auríferas, y “habría que echar una revisada para ver el fondo de estos desplazamientos, porque una de las hipótesis es que quienes conocen Coyuca de Catalán saben que hasta la entrada de la sierra hay empresas mineras trabajando, y en consecuencia, más arriba tiene que haber más minerales”.
La alternativa al conflicto, insistió, es una política para los desplazados que de entrada dé atención emergente con objetivos o metas inmediatas y de largo plazo, para los que ya han sido afectados, porque la gente no va a poder regresar a sus lugares de origen mientras los grupos delictivos no sean investigados y sancionados.
Aunque señaló que por la insensibilidad y deshumanización de quienes trabajan en la procuración y administración de justicia, es evidente que no hay interés para sancionar a los responsables.
Puntualizó que la actuación omisa de las autoridades genera desconfianza en la gente, que no presenta denuncias porque sabe que es mayor el riesgo que va a enfrentar y las autoridades no serán capacidades de garantizar su seguridad.
Por ejemplo, dijo que “nos causa de indignación que desde 2005 a la fecha haya habido 25 asesinados en La Laguna, y de las averiguaciones sólo se tenga eso, el número de los expedientes”.
Por último, reiteró el llamado a las autoridades para que asuman su responsabilidad más allá de lo mediático, porque la PGJE siempre pide un voto de confianza y dice que está trabajando, pero sus resultados desmienten esas declaraciones.http://suracapulco.mx/archivos/58423