Chiapas, México. “Debería darle vergüenza al mal gobierno decir que sus policías están para salvaguardar el orden y la paz social, cuando frente a ellos suceden robos, amenazas, movimientos de paramilitares, disparos de armas de grueso calibre, y se realizan desalojos y despojos de las pertenencias y cosechas de nuestros compañeros”, manifiestan integrantes de la Junta de Buen Gobierno (JBG) “Nueva semilla que va a producir”, de la zona norte de Chiapas.

“Les preguntamos ¿qué es lo que quieren con todos estos actos? defínanse hablen claro como hablamos nosotros, mejor digan queremos matar. Desalojar, asesinar y robar. Es una pena que en México exista un mal gobierno que en su cabeza en vez de tener inteligencia tengan mierda en el cerebro”, señalan los zapatistas.

En días pasados, con abierta protección de la seguridad pública del estado, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de las comunidades Comandante Abel y Unión Hidalgo fueron despojados por paramilitares del municipio de Sabanilla de tierras y cosechas.

Estos terrenos –aproximadamente 11 hectáreas que estaban sembradas de maíz– fueron ocupados por paramilitares el 6 de septiembre pasado, quienes “ya se repartieron cada quien sus pedazos. Los invasores lo robaron y cosecharon todo, no dejaron nada y ahora sembraron frijol”, denunció la JBG zapatista.

El 8 de septiembre, alrededor de 150 agresores comenzaron a disparar balas, hasta que la situación ya no fue soportable y muchos huyeron a la comunidad autónoma zapatista de San Marcos, que se extiende desde Sabanilla hasta Tabasco. A pesar del peligro, 22 hombres y cinco mujeres que no tienen hijos pequeños se quedaron a defender sus tierras, animales, pertenencias y, sobre todo, su vida.
El 12 de septiembre la JBG visibilizó a través de un comunicado la gravedad de la situación: mujeres y niños habían sido desplazados, y había un total de 14 personas desaparecidas entre las comunidades Nuevo poblado de Comandante Abel y la comunidad cercana de Unión Hidalgo.

El Nuevo Poblado Comandante Abel está ubicado en tierras que fueron recuperadas por el EZLN del 1994. Hasta hace pocos meses la población que ahí vivía, se encontraba en la comunidad de San Patricio, resistiendo pacíficamente múltiples ataques paramilitares. Hace exactamente un año fue desplazada porque sus tierras fueron invadidas por paramilitares de Ostilucum, una comunidad cercana. La comunidad logró volver, pero perdió sus cosechas. Las amenazas de una nueva invasión y una posible masacre aumentaron, y las familias bases de apoyo del EZLN tomaron la decisión de trasladarse al anterior predio denominado “Lámpara”. A pesar de ello, continuaron las amenazas, y el 6 de septiembre los paramilitares de Unión Hidalgo invadieron las tierras del Nuevo Poblado Comandante Abel, soltando disparos contra las familias, que huyeron al monte.

Las agresiones continuaron: el 16 de octubre, los paramilitares hicieron disparos con armas de fuego hasta las 3 de la madrugada, el último de ellos a 150 metros de la casa de un base de apoyo. Esa noche volvieron las detonaciones, y al día siguiente arribaron al lugar 15 agentes de seguridad pública.

El 24 de octubre llegaron refuerzos de los invasores de Unión Hidalgo que se encuentran ocupando el terreno recuperado de los bases de apoyo, y el 25, en el terreno invadido, “los paramilitares hicieron movimientos de corte militar en tres grupos con armas de grueso calibre”, y mandaron una comisión al campamento policiaco.
Todos los días la policía patrulla de Sabanilla a San Patricio, y por las tardes y noches de San Patricio al lugar ocupado por paramilitares y a Unión Hidalgo. Prácticamente los invasores y la policía se movilizan a un tiempo. “Se ve claramente que son una sola fuerza” y que una sola dirección “conduce sus acciones”. En un comunicado, la JBG sostiene que el objetivo es que los policías “ordenados” por el presidente Felipe Calderón y el gobernador Juan Sabines Guerrero, “entrenen a los invasores”. También desmienten el comunicado oficial del 9 de octubre en donde se afirma que grupos de San Patricio y Unión Hidalgo solicitaron la presencia de la policía, y que han respetado los derechos de los integrantes del EZLN.

Los refuerzos de policías, en vez de retirar a los invasores del terreno de los zapatistas “impulsan la violencia para imponer su proyecto de regularización”, pese a que esta “tierra ya está entregada a los que realmente la viven y la trabajan”, afirma la Junta.

Desde el año 2000, las familias bases de apoyo rechazaron recibir los programas asistencialistas del gobierno. Fue entonces cuando empezaron las amenazas de los priistas relacionados con el grupo paramilitar Paz y Justicia en su comunidad. Hace un año empeoraron las amenazas. “Anuncian por altavoces que si no logran recibir las tierras de Comandante Abel, nosotros somos quienes vamos a sufrir, dicen que a nosotros nos van a masacrar”, denuncian desde Chiapas.

Durante más de 18 años, el Estado mexicano ha librado una guerra “de baja intensidad” en contra de las comunidades zapatistas. Planes de contrainsurgencia, desarrollados con la ayuda de los Estados Unidos después del levantamiento armado del EZLN, crearon estructuras que siguen operando hoy en día.

El mensaje plasmado por las Juntas de Buen Gobierno en sus comunicados es claro: el Estado apoya a los grupos paramilitares y, a través de la manipulación, mentiras y promesas de tierras y recursos, anima a ciertos grupos a tomar posturas hostiles y agresivas en contra de quienes resisten y se oponen a ser cooptados. Así, los proyectos asistencialistas, implementados sobre todo en zonas donde la gente está en pie de lucha, implementan tácticas de contrainsurgencia de la llamada línea suave (soft line strategies), para calmar el hambre, crear dependencias y desanimar las resistencias.

Publicado el 5 de noviembre de 2012